(AW) En octubre de 2010 Diana Della Bruna, periodista de 25 años, trabajadora del Instituto de Cultura Popular (InCuPo), cubrió el desalojo sorpresivo a una familia indígena de la localidad de Pampa del Indio. Della registró y fotografió el diálogo entre dirigentes de movimientos sociales y policías. Escribió entonces un artículo de denuncia sobre el hecho. Un artículo sobre lo que vio, sobre lo que pasó: “Irregularidades en intento de desalojo a una familia indígena”.
Una nota que es una más sobre las violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos
Indígenas.Días después, recibió una notificación de la fiscal de General San Martín, Gladys
Acosta de Scarel, que la imputaba de "partícipe necesaria del delito de coacción agravada y
atentado a la autoridad".
El 15 de octubre de 2010, a las 6 de la mañana, la familia indígena Adriani-Berdún, que
históricamente vivió en el Paraje El Rincón de Pampa del Indio, recibió la inesperada visita de
la fiscal Scarel acompañada por más de cuarenta policías. Sin previo aviso, violando lo
estipulado por la Ley, se dispusieron a desalojar a la familia del predio, indica una nota
publicada por la Agencia Periodística Timbó.
La periodista Diana Della Bruna y dirigentes indígenas de diferentes organizaciones sociales,
enterados de los hechos, se hicieron presentes en el lugar en conflicto, pero el desalojo había terminado. Sólo había quedado el personal policial custodiando el predio. Della Bruna registró y
fotografió el diálogo entre dirigentes y policías. La intención de los movimientos sociales era
que la policía se retirara del lugar, considerando que su trabajo estaba terminado y que era de
Indígenas.Días después, recibió una notificación de la fiscal de General San Martín, Gladys
Acosta de Scarel, que la imputaba de "partícipe necesaria del delito de coacción agravada y
atentado a la autoridad".
El 15 de octubre de 2010, a las 6 de la mañana, la familia indígena Adriani-Berdún, que
históricamente vivió en el Paraje El Rincón de Pampa del Indio, recibió la inesperada visita de
la fiscal Scarel acompañada por más de cuarenta policías. Sin previo aviso, violando lo
estipulado por la Ley, se dispusieron a desalojar a la familia del predio, indica una nota
publicada por la Agencia Periodística Timbó.
La periodista Diana Della Bruna y dirigentes indígenas de diferentes organizaciones sociales,
enterados de los hechos, se hicieron presentes en el lugar en conflicto, pero el desalojo había terminado. Sólo había quedado el personal policial custodiando el predio. Della Bruna registró y
fotografió el diálogo entre dirigentes y policías. La intención de los movimientos sociales era
que la policía se retirara del lugar, considerando que su trabajo estaba terminado y que era de
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